31 Oct 2014

Defensoría del Pueblo presenta ante la CIDH casos de violencia en las FFAA

Defensoría del Pueblo presenta ante la CIDH casos de violencia en las FFAA

La demanda defensorial solicita que la CIDH “formule recomendaciones al Estado Plurinacional de Bolivia para que adopte medidas progresivas en favor de los derechos humanos en recintos policiales y militares, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos y solicite al Estado boliviano le proporcione informes periódicos sobre las medidas que adopte en materia de derechos humanos en el ámbito de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana”.

La Paz, 30 Oct.(ANF).- La Defensoría del Pueblo presentó este jueves en audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer varios casos de vulneraciones de derechos en recintos militares, referidos esencialmente a temas de violencia, tortura y explotación a conscriptos, y solicitó la intervención de esta instancia ante el Estado boliviano.

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, en su carta enviada a la CIDH, informó que desde hace más de un año buscó, sin éxito, acercamientos con el Alto Mando Militar para iniciar acciones conjuntas e integrales para garantizar el respeto a los derechos humanos en las entidades castrenses. Asimismo, gestionó la intervención del Presidente de la Asamblea Legislativa, acción que tampoco tuvo respuesta.

El Adjunto de la Defensoría del Pueblo, Marco Loayza, expuso ante la instancia internacional la solicitud del Defensor Rolando Villena donde hace conocer las dificultadas que tuvo en la petición de informes transparentes de los diferentes casos donde se vulneraron los derechos humanos.

“Hemos acudido ante ustedes como último recurso y en mérito a nuestras atribuciones y responsabilidad, ya que entendemos que las gestiones que emprendimos, en el marco de nuestras competencias, han resultado y probablemente resultarán infructuosas porque no parece haber voluntad política para afectar los mecanismos que al interior de las Fuerzas Armadas y los centros de formación policial, propician y promueven la afectación sistemática de los derechos humanos”, manifestó Loayza en la audiencia temática de la CIDH.

El Comisionado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, José Jesús Ortega, manifestó su complacencia de que sea la Defensoría del Pueblo la institución que denuncie este tipo de casos, “lo que demuestra su independencia”.

Entre los casos presentados se encuentra el del subteniente del Ejército Grover Beto Poma Guanto, quien perdió la vida en un curso en la Escuela de Cóndores de Bolivia (ESCONBOL) en Sanandita (Tarija) cuando participaba de un “combate cuerpo a cuerpo” en febrero de 2011. A esto se suma la muerte del también subteniente Ceooly Espinal Prieto en un centro de formación militar, además de la muerte de dos conscriptos en el departamento del Beni, mientras realizaban trabajos en ámbitos privados.

También el caso de la muerte en circunstancias aún más extrañas, de la enfermera de 27 años, Janet Vargas, en el Estado Mayor de Miraflores. Y la muerte a causa de dos impactos de bala del cadete Wildo Daniel Delgado en el Colegio Militar de Aviación de Santa Cruz.

Del conscripto Cesar Daniel Carlos Loza quien cayó de un vehículo en movimiento en Roboré Santa Cruz; del soldado Freddy Rodríguez Uño quien recibió un golpiza por sus camaradas después de ser acusado de robo de un celular, en la segunda sección de la provincia Sud Chichas de Potosí; además del recluta Alán Alí Álvarez Llusco y el cadete Luís Germán Steer Organivia quienes murieron ahogados tras cumplir la orden del coronel José Antonio Campero para que rescaten su vehículo que era arrastrado por el río en la ciudad de Sucre en noviembre de 2013..

Del mismo modo se presentaron los casos de cadetes fallecidos en la Academia Nacional de Policía, la cadete Cinthia Poma y los cadetes torturados en la Escuela Básica Policial. En los casos expuestos se identificaron las vulneraciones al derecho a vida, a la integridad personal y la prohibición de tortura, que según el Defensor Villena “aún son recurrentes al interior de las Fuerzas Armadas”.

La demanda defensorial solicita que la CIDH “formule recomendaciones al Estado Plurinacional de Bolivia para que adopte medidas progresivas en favor de los derechos humanos en recintos policiales y militares, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos y solicite al Estado boliviano le proporcione informes periódicos sobre las medidas que adopte en materia de derechos humanos en el ámbito de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana”.

Loayza informó también que entre el año 2011 y el 2013, la institución defensorial recibió 343 denuncias contra miembros de las Fuerzas Armadas. De ese total, 79 se referían a la vulneración del derecho a la integridad física, síquica y moral; 105 fueron presentadas por conscriptos y 242 estaban fundadas.  La preocupación de nuestra institución también fue compartida por entidades como Amnistía Internacional (Informe 2011) y se reflejaron en informes de la sociedad civil para el Examen Periódico Universal (2009).